El Congreso de los Diputados está dando los primeros pasos para dictar la Ley del Estatuto del Periodista, que concederá carnés profesionales al gusto de los políticos. ERC, PNV y el Grupo Mixto incluyen entre los consejeros que ayudarán a elaborar estas ordenanzas a Martxelo Otamendi, procesado por pertenencia a ETA en el 'caso Egunkaria', periódico que dirigía, cerrado por la Audiencia Nacional en febrero de 2003. El control político de los periodistas con la colaboración, además, de presuntos terroristas, es una declaración de guerra contra la Constitución y las libertades de información y de opinión. Y ya no se trata de cómo acabe el Estatuto: es que la propia idea de crearlo destila desprecio hacia los ciudadanos y a su capacidad elegir la información que desean. Para mayor escarnio de las libertades, este proyecto de mordaza fue presentado por IU -vigilar y censurar la información es una temible obsesión histórica del comunismo-; esa IU que propone regular la libertad informativa de España es la misma que aplaude a Fidel Castro, que tiene encarcelados a 75 periodistas por pedir, simplemente, libertad.

El proyecto, además, está elaborado con una mente tan antigua y reaccionaria que sus promotores ignoran que desde que existe Internet la información ya es incontrolable. Los informadores, con o sin carné, son cada vez más los ciudadanos. El fenómeno de las webs personales, de los blogs y de las alianzas de unos y otros no permite ya censura alguna, aunque algunos de estos pintorescos políticos se empeñen en crear un Estado policial imponiendo un carné para internautas.