Francia acude hoy a las urnas más dividida que nunca en torno a la integración europea. La respuesta popular al referéndum sobre el Tratado constitucional de la UE es incierta. Que el 'no' llegue con fuerza a la consulta constituye, por sí solo, una clara advertencia de la desconfianza con la que los europeos participan en la ingeniería de integración trazada desde las oficinas de Bruselas y las cumbres de jefes de Gobierno. El precedente de Maastricht, ratificado in extremis por una exigua mayoría del 50,8% de franceses, alienta el optimismo de los partidarios del 'sí'. Pero el precio de desafiar a las encuestas es una fractura nacional que parte en dos incluso partidos políticos como el PSF.

El consenso europeísta de España tiene mucho que ver con la experiencia de que la integración ha traído mejoras concretas en la calidad de vida de las personas. Podemos movernos y mover nuestros productos con libertad por una vasta región laboral y económica de 25 países; nuestras ciudades, aeropuertos, puertos y autopistas se han vuelto más confortables, modernas y seguras gracias a los fondos estructurales y de cohesión; nuestra agricultura es más racional y eficiente dentro de la Política Agraria Común; la integración monetaria ha estabilizado nuestros precios y facilitado nuestro acceso a una hipoteca.

En Canarias, a todos estos beneficios se ha sumado el reconocimiento de nuestra singularidad como región aislada y lejana, lo que nos ha permitido conservar ventajas enraizadas en nuestro acervo de libertad económica y fiscal. El resultado de toda esta combinación de solidaridad y diferencia es que el Archipiélago ha saltado sobre su propio sino histórico de pobreza y atraso. La renta por habitante ha pasado de representar menos del 60% de la media europea a situarse en el 80% en apenas veinte años de integración, primero a través de un Protocolo específico y, a partir de 1991, de manera plena en todas las políticas comunes.

Para muchos franceses, la percepción de la UE es muy distinta. Su euroescepticismo responde a los más variados estímulos, a menudo contradictorios, y se adapta a todos los colores políticos. La extrema derecha ve en el Tratado constitucional el visado de entrada a cientos de miles de inmigrantes de la Europa del Este y de Turquía. La extrema izquierda, el movimiento globalifóbico liderado por el agitador Bové y la mitad del PSF encabezada por el ex primer ministro Laurent Fabius, pide el 'no' porque la integración ratificará el modelo "neoliberal" que tanto repudia. Curiosamente, en su desesperado mensaje a la nación del pasado jueves, el presidente Chirac ha apelado al "sí" para conjurar, justamente, la amenaza de una "Europa neoliberal" a merced de los intereses comerciales y geoestratégicos de los Estados Unidos. Y Zapatero, siempre tan oportuno, ha terciado a favor del 'sí' porque la UE es "la gran esperanza para la paz y la lucha contra la injusticia en el mundo".

Es un hecho que el europeísmo no cala en Francia como lo hace en España. No es un punto de vista exclusivo de los franceses. Lo comparten, además, alemanes, británicos y holandeses. Estos últimos están llamados el próximo martes a una consulta sobre el Tratado constitucional y todos los analistas coinciden en pronosticar un claro triunfo del 'no'.

El sentido de esta resistencia tiene que ver con la percepción de que se aporta más a la UE de lo que se recibe de ella. El modelo de una federación de naciones centralizada y burocrática al que conduce el Tratado implica la cesión de soberanía a cambio de nada o de muy poco, para los países más ricos.

¿Qué quedará del entusiasmo europeísta de los españoles cuando, con ocasión de la entrada en vigor del próximo Presupuesto comunitario para el periodo 2007-2013, nos convirtamos en contribuyentes netos de la UE y pasemos a financiar la cohesión y el desarrollo de países como Polonia o Chequia, competidores nuestros en mano de obra, tecnología y ventajas fiscales? ¿Seguiremos los canarios siendo campeones del europeísmo cuando comprobemos que los fondos europeos que antes llegaban a las Islas, ahora se destinan al impulso de las infraestructuras, la agricultura, la formación y el empleo de los nuevos países? ¿Hemos hecho los deberes de la competitividad en estos veinte años de integración privilegiada?

A Canarias le conviene el triunfo del 'sí' francés al Tratado constitucional, pero no es una necesidad de vida o muerte como algunos sostienen. El Tratado consolida nuestra singularidad ultraperiférica en el Derecho Primario de la Unión. Fue una ardua negociación coronada con éxito por el Gobierno de José María Aznar. Y, sin embargo, también es cierto que, en la Europa del Tratado, España es más débil para defender la modulación de las políticas comunes que más le interese a Canarias en cada momento. Un eventual triunfo del 'no' en Francia y en Holanda no tiene por qué aparcar el objetivo de una integración económica, jurídica y defensiva de las naciones europeas, según el modelo de una sociedad abierta y de libre mercado, en perfecta sintonía atlántica con los EE.UU.. Lo que el 'no' invitaría a revisar, en todo caso, es el modelo de una UE centralizada, intervencionista, que teme a la competencia y la encorseta en uniformes jurídicos, fiscales y administrativos. Y, mientras esa discusión se resuelve con el sosiego y la profundidad necesaria en las sociedades, las instituciones europeas seguirían tomando decisiones y aplicando las políticas comunes.

El vigente Tratado de Niza, quizá en una versión enriquecida con ciertos preceptos del Tratado constitucional, conocida ya como "Niza Plus", garantiza a España el poder suficiente para seguir defendiendo el interés y la convergencia de Canarias en Europa.