El viceconsejero de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Emilio Moya, confirmó a este periódico lo que es una realidad innegable y evidente en la capital tinerfeña: "En el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife no cabe ni un alfiler".

	"La solución definitiva es la construcción de los dos nuevos edificios, con lo que la capital tinerfeña contaría con el actual Palacio de Justicia; otro inmueble para la sede del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y un tercero para la Audiencia Provincial y determinados juzgados"

Maile Lutzardo
Santa Cruz

Con esta expresión, el viceconsejero alude a la falta de espacio físico en la sede de los juzgados para albergar a cualquier otro órgano judicial que se cree a lo largo de este año. Moya sostiene que la solución pasa por la construcción de los dos edificios judiciales previstos en la zona de Cabo Llanos, para los que ya está determinado el terreno pero cuyo proyecto de edificación se gestiona con cierto retraso.

"La solución definitiva es la construcción de los dos nuevos edificios, con lo que la capital tinerfeña contaría con el actual Palacio de Justicia; otro inmueble para la sede del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y un tercero para la Audiencia Provincial y determinados juzgados. Ahora bien, mientras no contemos con esos edificios tenemos que trabajar con la realidad contando, obviamente, con el diálogo permanente con los operadores jurídicos para decidir soluciones".

Esa realidad actual provocará, a corto plazo, la dispersión de los juzgados de Santa Cruz. El Juzgado de lo Penal seis se ha instalado en la sede del Tribunal Superior de Justicia de la plaza de San Francisco y el Juzgado de lo Mercantil en el edificio El Cabo.

"El Juzgado de lo Penal seis volverá al Palacio de Justicia de la avenida Tres de Mayo porque lo lógico es que los 'penales' estén en el inmueble que cuenta con los calabozos y el resto de infraestructura necesaria. También por ese motivo, el Juzgado de Violencia sobre las Mujeres se ubicará en el Palacio de Justicia. No obstante, para que quepan estos dos órganos judiciales será necesario desalojar algunos juzgados de la avenida Tres de Mayo, contando siempre con el parecer de los profesionales que trabajan en los mismos. Por lo pronto, está previsto que dos juzgados de lo social se trasladen al edificio El Cabo y, al mismo tiempo, se están reformando unas dependencias en la zona de La Salle que podrán albergar nuevas unidades judiciales".

El viceconsejero de Justicia y Seguridad recuerda que este año comenzarán a funcionar en Tenerife, además del ya citado Juzgado de Violencia sobre las Mujeres (de ámbito provincial), el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Güímar; el número cuatro de la misma categoría en La Orotava y el juzgado octavo de Arona. Además, está prevista la creación de dos plazas de magistrado para la Sección Segunda de la Audiencia Provincial y la creación del Juzgado de Instrucción número cuatro del partido judicial de La Laguna.

En cuanto al nuevo Palacio de Justicia de La Laguna -que se construirá en los terrenos del viejo matadero municipal y en el solar que dejará la demolición de los juzgados actuales-, Emilio Moya espera que las obras salgan a concurso este mes de abril. "El coste de buena parte del Palacio de Justicia de La Laguna, cuyo montante total es de 21 millones de euros, está ya dentro de los Presupuestos, por lo que confío en que este mes de abril salga a concurso la obra para comenzarla alrededor del mes de junio".

Por lo que respecta al resto de la infraestructura judicial en la Comunidad Autónoma, Emilio Moya adelantó que su departamento tiene previsto comprar 549 ordenadores para las oficinas judiciales de las Islas y ampliar la memoria de capacidad de 400 de estos aparatos ya existentes. "Con estos nuevos ordenadores y el cambio del programa informático Atlante al Aventius, esperamos que terminen los problemas que se han detectado".

En cuanto a la huelga intermitente que mantienen los funcionarios de la Administración de Justicia a nivel nacional contra el Ministerio de Justicia en demanda de mejoras salariales, el viceconsejero recuerda que Canarias tiene asumidas las competencias en materia judicial y añade que estas jornadas de paro "prácticamente" no afectan a los juzgados del Archipiélago. "Algunos sindicatos con representación en los juzgados de las Islas han apoyado la huelga, pero más como un gesto solidario que otra cosa, puesto que los salarios de los funcionarios de Canarias dependen directamente de esta Comunidad Autónoma. Además, aunque el Ministerio de Justicia acceda a subir los salarios, los funcionarios de Canarias seguirían estando por encima de la media nacional", aseguró.

El Gobierno de Canarias ha establecido unas ayudas económicas para apoyar la permanencia de jueces y fiscales en el Archipiélago. "Estas ayudas -explica Moya- estarán destinadas a la compra o alquiler de viviendas y se ha previsto para su implantación un sistema de financiación que aún se está estudiando con cajas de ahorros y bancos".

La Viceconsejería que preside Emilio Moya también gestiona aspectos de seguridad. El viceconsejero explicó que el grupo de trabajo creado dentro la Comisión de Coordinación de las Policías Locales de Canarias está estudiando la reforma de la Ley de Coordinación de Policías Locales para adecuar la normativa a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en la que se afirmaba que los policías locales no podrán ocupar puestos de segunda actividad en los órganos de la comunidad autónoma. Señaló, por otro lado, que sigue existiendo déficit de miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en las Islas pese a las últimas incorporaciones.