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Así se lo explicó ayer María Jesús San Segundo a los consejeros de Educación en Conferencia Sectorial, en la que presentó el anteproyecto de reforma de la enseñanza no universitaria que se someterá a partir de ahora a debate antes de su aprobación definitiva por el Gobierno y su tramitación parlamentaria |
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La ministra de Educación, María Jesús San Segundo, ayer, en la reunión con representantes autonómicos. / EFE-DA
El Gobierno mantiene la asignatura de Religión en la sexta reforma educativa
La Ley Orgánica de la Educación incorpora dos "exámenes de diagnóstico" a los 10 y 14 años
La sexta reforma educativa en Democracia y cuarta socialista, la Ley Orgánica de la Educación (LOE), mantiene la asignatura de Religión, incorpora el idioma y la informática desde los 5 años, impide pasar de curso con más de 3 suspensos y enfatiza la enseñanza de la lectura, la escritura y las matemáticas.
EFE
Madrid
Además, la LOE, que comenzaría a aplicarse "en dos cursos", según la ministra de Educación, incorpora dos "exámenes de diagnóstico", a los 10 y a los 14 años; reduce el número de asignaturas entre los 12 y 14 años, abre la posibilidad de "desdoblar" el Bachillerato en varias vías, y elimina la Prueba General de Bachillerato o "Reválida", que será sustituida por otro examen.
Así se lo explicó ayer María Jesús San Segundo a los consejeros de Educación en Conferencia Sectorial, en la que presentó el anteproyecto de reforma de la enseñanza no universitaria que se someterá a partir de ahora a debate antes de su aprobación definitiva por el Gobierno y su tramitación parlamentaria.
La nueva ley, que se llama así para "evitar" su "capitalización" política, sustituiría a la LOGSE (1990), LOPEG (1995) y la LOCE (2002) pero no a la LODE (1985), que se mantiene.
El ministerio "ha cuantificado" el gasto añadido que los objetivos del proyecto representan pero éste no tendrá memoria financiera ni financiación hasta que llegue al Parlamento.
El borrador, que ocupa 118 folios, cita expresamente la enseñanza de la religión católica, de oferta obligatoria para los centros y voluntaria para los alumnos.
La enseñanza de religión confesional será evaluable, aunque las calificaciones de los alumnos no computarán para obtener becas, el ingreso en la universidad ni la repetición de curso, según explicó en rueda de prensa San Segundo, que no precisó si se impartirá en horario lectivo, si tendrá alternativa o si el Gobierno consultará al Consejo de Estado sobre su obligatoriedad.
La Conferencia Episcopal, según dijo ayer su secretario y portavoz, Juan Antonio Martínez Camino, dará su opinión sobre el anteproyecto cuando conozca el texto oficial.
El borrador fue aplaudido por la presidenta del Consejo Escolar del Estado, algunos sindicatos y asociaciones de padres, mientras que fue criticado por el PP y las comunidades que gobierna, la patronal de la enseñanza, la mayoría de las organizaciones estudiantiles, y otras centrales sindicales.
Así, antes de la reunión de la Sectorial, las comunidades del PP dieron al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "un suspenso" en "talante" y recursos presupuestarios para la enseñanza y lo acusaron de haber tratado a estas comunidades como "colonias".
Tras el encuentro, la secretaria de Política Social y Bienestar del PP, Ana Pastor, y el consejero de Madrid, Luis Peral, aseguraron que la LOE empobrece la calidad de la enseñanza y sustenta "una falsa equidad" porque el Gobierno pretende "la igualdad de los alumnos en el desconocimiento".
Por parte socialista, la consejera de la Junta de Andalucía, Cándida Martínez, la de Aragón, Eva Almunia, la de Extremadura, Eva María Pérez, y el de Castilla-La Mancha, José Álvarez, apreciaron que el documento conlleva un compromiso de financiación y negociación con las CC.AA.
Para la consejera de la Generalitat de Cataluña, Marta Cid (ERC), el texto debería desembocar en una "ley útil" que les permita ejercer sus competencias; al viceconsejero de Administración y Servicios del País Vasco, Koldo Arrese (EA), le parece que "la música" del borrador "suena bien" pero que ahora deben "ver la letra".
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, calificó el anteproyecto como una "reformilla tímida, ambigua y contradictoria".
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