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| La consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, Águeda Montelongo. / Sergio Méndez |
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La consejera justificó el incidente debido al carácter "muy violento" de algunos de los chicos internados y en el hecho de que hay bastantes de entre 18 y 23 años, ya que, según la Ley, si la imposición de la medida judicial se produce mientras son menores, cumplen la condena en estos centros hasta que llegan a ese tope de edad |
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| Centro de menores en Canarias - Polémica |
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| El menor agredido en Valle Tabares no presenta lesiones de gravedad |
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| El PSC pide responsabilidades ante la "insoportable" situación que se vive en estos centros |
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| La consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, Águeda Montelongo, informó ayer de que las lesiones recibidas por un menor de origen marroquí en el Centro de Medidas Judiciales de Valle Tabares no revisten gravedad y que el agredido, tras recibir asistencia médica en un centro hospitalario, fue dado de alta, ya que ha sido trasladado a otro centro. |
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Diario de Avisos - Agencias
Santa Cruz
Montelongo confirmó los datos anticipados ayer por este periódico acerca de las circunstancias del ataque así como de las lesiones sufridas por el muchacho, de 16 años de edad. Además, añadió que uno de los agresores es un chico que ya ha cumplido 18 años y que arrastra "un expediente delictivo muy complicado".
Igualmente, aseguró que la Consejería ha abierto un expediente informativo para determinar con exactitud lo ocurrido en el Centro el pasado sábado. No obstante, la consejera justificó el incidente debido al carácter "muy violento" de algunos de los chicos internados y en el hecho de que hay bastantes de entre 18 y 23 años, ya que, según la Ley, si la imposición de la medida judicial se produce mientras son menores, cumplen la condena en estos centros hasta que llegan a ese tope de edad.
Por otro lado, el grupo parlamentario Socialista exigió también ayer que se asuman responsabilidades ante lo que calificó de "insoportable" situación de los centros de internamiento de menores, y afirmó que las agresiones en el de Valle Tabares demuestran que la gestión "se asemeja más a los de centros de concentración que de reeducación".
La diputada socialista Rosa Jerez pidió responsabilidades a la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Águeda Montelongo; al viceconsejero de Asuntos Sociales, Benito Codina, y a la directora general de Protección del Menor y la Familia, María del Mar Arévalo, por la "calamitosa gestión" que desarrollan en esta materia.
La parlamentaria socialista sostiene que si los responsables de la Consejería "son incapaces de resolver los gravísimos problemas que atraviesan los centros de menores, lo razonable sería que presentaran su dimisión".
En este sentido, Jerez se hizo eco de los últimos episodios de agresiones y vejaciones sufridos por internos del centro de Valle Tabares, en el municipio de La Laguna, por parte de otros menores, "que se repiten con demasiada frecuencia, sin que hasta ahora se hayan adoptado las medidas oportunas para poner fin a este drama".
A juicio de la diputada socialista, el funcionamiento actual de estas instituciones "se asemeja más al de centros de concentración que de reforma o reeducación", en los que impera "la ley del más fuerte y donde algunos menores actúan en los centros sin ningún tipo de control".
UGT
La UGT informó por su parte de que pedirá a la Fiscalía que investigue también lo sucedido en el centro de internamiento judicial de menores Valle Tabares.
El sindicato indica en un comunicado que este incidente tiene connotaciones racistas y critica que el personal de seguridad del centro no hizo nada por evitar la agresión. La Secretaría de Acción Social de la UGT en Canarias indicó que solicitará a la Fiscalía que abra una investigación para depurar responsabilidades tanto entre los internos como entre quienes regentan el centro.
Además, exige una actuación inmediata de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno canario, y pide que sea "igual de contundente a como lo fue cuando los centros de menores eran gestionados por una empresa privada".
Según la UGT, el fracaso de las políticas de integración de menores en situación de conflicto supone la confirmación de "la precipitación" con la que el Gobierno de Canarias asumió las competencias en esta materia.
Por último, el sindicato entiende que el Gobierno canario no tenía "capacidad, ni medios humanos ni recursos económicos" para ejecutar estas competencias con garantías, por lo que considera que el Ejecutivo regional es el máximo responsable de la actual situación. |
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