El Gobierno canario "solucionará de forma definitiva, sin parches, el problema de falta de plazas" de los centros judiciales de menores con otras nuevas que prepara y cuyas obras acabarán "en plazo corto", dijo la directora general de Protección al Menor, María del Mar Arévalo.

	Unos trabajadores que, sin querer revelar su identidad argumentando temor a represalias, criticaron tanto el hacinamiento de los jóvenes, ubicados en celdas de cinco metros de lado donde duermen hasta cuatro con colchones en el suelo

EFE
Las Palmas

Esa falta de plazas, debida a lo novedoso de la Ley Penal del Menor, que obligó a crear unos hasta entonces inexistentes centros de reclusión bajo orden judicial, es la única carencia que hay en esas instituciones, aseguró la directora general, que salió así al paso de acusaciones de empleados de la de Gáldar, en Gran Canaria, sobre las indignas condiciones de vida de los chicos allí internos.

Unos trabajadores que, sin querer revelar su identidad argumentando temor a represalias, criticaron tanto el hacinamiento de los jóvenes, ubicados en celdas de cinco metros de lado donde duermen hasta cuatro con colchones en el suelo, como su supuesta falta de expectativas de futuro, debido según ellos a la falta de programas tendentes a la reinserción y al ambiente represivo.

Frente a sus afirmaciones, María del Mar Arévalo quiso subrayar que a su departamento "no le consta, en absoluto, que se produzcan irregularidades" en el centro, situado en la Punta de Gáldar, por lo que, dirigida a la ciudadanía y, sobre todo, a los familiares de chicos recluidos allí, hizo una "llamada a la prudencia y a la tranquilidad". Una prudencia que pidió también, "a la hora de hacer declaraciones", a los empleados del centro, a quienes quiso llamar, "al mismo tiempo, a la valentía", para que las posibles actuaciones incorrectas que consideren que se produzcan en su lugar de trabajo "las comuniquen por las vías oportunas a la Dirección General o a la Fiscalía". "Porque -apostilló- no estamos dispuestos a permitir ningún tipo de irregularidades, en caso de que realmente se produjeran problemas serios o actuaciones no contempladas en el marco de legalidad".

Arévalo subrayó que, a su entender, quienes critican la situación sin dar su nombre adoptan "una actitud que a mí, desde luego, no me parece digna de elogio", en tanto que, como empleados del lugar, son "personas con responsabilidades directas sobre los menores, que, si no la comunican, son copartícipes de la supuesta irregularidad".

Insistió, en cualquier caso, que no hay constancia oficial de que en el centro de Punta de Gáldar se haya detectado actuación incorrecta alguna, pese a estar gestionado por la ONG Cicerón Siglo XXI, a quien se retiró la gestión de otras dos instituciones de menores con medidas judiciales en Tenerife por "pérdida de confianza" del Gobierno.

Además, consideró normal el hecho de que en el lugar se produzcan auto-lesiones o motines por parte de los internos, que no son inusuales de acuerdo a los testimonios de los educadores consultados por Efe, debido a las características propias de los internos.

"Otra cosa -señaló- es que dijésemos que en los centros todo va como una balsa de aceite, porque, por la propia idiosincrasia de los centros, esto no es así, ya que son centros de reclusión de menores con comportamientos violentos".

Unos chicos que "acaban allí porque han cometido varios delitos violentos, contra las cosas o las personas, y son jóvenes que necesitan un nuevo aprendizaje sobre la manera de comportarse, pero que, mientras son sometidos a esa reeducación, reproducen actitudes violentas que forman parte de la normalidad".