El Ayuntamiento de Tacoronte acaba de recibir un escrito de vecinos del barrio de La Caridad donde se le exige la paralización urgente de las obras que se ejecutan dentro del Plan Parcial de La Atalaya. Los autores de esta solicitud son las mismas personas que en su día presentaron un contencioso-administrativo contra el acuerdo del Pleno de la Corporación tacorontera, suscrito en la sesión del 2 de febrero de 2001, que aprobó dicho Plan Parcial, y que ahora el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha resuelto dictaminando su nulidad.

S.T.
Tacoronte

La sentencia del TSJC se fundamenta, básicamente, en el hecho de que la zona, que el Ayuntamiento clasificó como suelo urbanizable, se encuentra desvinculada del área urbana preexistente, por lo que, supuestamente, incumple las líneas maestras que establece el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT).

En el escrito, al que ayer pudo tener acceso este periódico, los vecinos precisan que el fallo judicial se fundamenta en que la ordenación realizada por el Consistorio tacorontero entra en conflicto con el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación y de Espacios Naturales de Canarias (TRLOENC), que prohibe la clasificación de dicha área como suelo urbanizable. Igualmente, indican que en el documento sometido a información pública por la Viceconsejería de Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias se clasifica el suelo objeto de esta polémica actuación como rústico de protección territorial.

Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, los vecinos reclaman la ejecución de la sentencia del TSJC; y para ello demandan, además de "la paralización inmediata de las obras que estén aún ejecutándose", que se suspendan, revisen y anulen "cuantas licencias hubiera otorgado el Ayuntamiento en el ámbito del Plan Parcial anulado". En la misma línea, piden la reposición de los terrenos expropiados para la ejecución de la urbanización de la vía de prolongación que comprende la primera fase de la calle Esteban Martínez Arroyo y la transversal de la calle Cruz Caridad.

Por último, y de manera general, requieren a la Corporación norteña para que se lleven a cabo "todas aquellas actuaciones que sean necesarias con el fin de reponer la realidad física alterada" como consecuencia de la ejecución del Plan Parcial que ha anulado la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Viviendas
Una de las consecuencias más importantes que se extrae de la anulación del Plan Parcial de La Atalaya es que ésta afecta a unas 300 viviendas de protección oficial, muchas de ellas ya edificadas, que quedan fuera de la ordenación. Sin embargo, para el Gobierno municipal de CC-ATI el asunto no resulta tan grave, pues, según declaró recientemente el alcalde tacorontero, Hermógenes Pérez, el plan se va a legalizar mediante la adaptación del Plan General de Ordenación (PGO) de la localidad a la nueva Ley del Territorio de Canarias. Dicha adaptación, siempre a juicio del Ejecutivo local, ya ha sido acordada por la Comisión de Ordenación de Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC), en una sesión que tuvo lugar el 5 de noviembre pasado.

Pero no ven así las cosas el PSOE y el PNC, que han solicitado la convocatoria para septiembre de un Pleno extraordinario del Ayuntamiento con la finalidad de abordar los efectos jurídicos y técnicos del fallo judicial. Los partidos de la oposición desean, entre otras demandas, que el Gobierno municipal asuma su responsabilidad en la regulación del Plan Parcial y aclare en qué situación se encuentran las personas que compraron una vivienda en la zona.