El Gobierno de Canarias trasladó ayer al Ministerio de Sanidad la necesidad de aumentar en 250 millones de euros anuales la dotación presupuestaria de la comunidad autónoma para compensar el "déficit histórico" que arrastra el Archipiélago en inversión sanitaria. Según la Administración autonómica, esta cantidad deberá ser ejecutada en partidas anuales hasta que el Estado y las comunidades autónomas decidan actualizar el modelo de financiación autonómica y sanitaria negociado hace dos años.

Carlos Fuentes
Madrid

La reclamación de Canaria se fundamenta en el considerable aumento que han experimentado el censo de población y la atención que se presta a los ciudadanos europeos desplazados.

Esta posición fue comunicada ayer a la ministra de Sanidad, Elena Salgado, en la primera reunión que mantuvo en Madrid con la vicepresidenta y consejera de Sanidad, Mar Julios. La representante del Gobierno canario subrayó la necesidad de disponer una "solución política" para paliar la situación de menoscabo de las cuentas canarias que Julios consideró ayer un "déficit histórico" de la comunidad en la financiación sanitaria. "Canarias no puede esperar", incidió la vicepresidenta para advertir de que, "en gran parte", la resolución a este problema determinará la posición del voto de Coalición Canaria (CC) a los Presupuestos Generales del Estado para 2005, el primero que gestionará el PSOE.

El origen de esta discusión está en la negociación desarrollada hace dos años entre el Ministerio de Economía y las diecisiete comunidades autónomas para renovar el sistema de financiación autonómica y sanitaria. En aquel momento, para realizar el cálculo de las partidas financieras correspondientes a cada región, se tomó como base el censo de población de 1999. Desde entonces, explicó ayer Mar Julios a la ministra de Sanidad, el censo canario se ha disparado desde los 1,5 millones de personas hace cinco años a "casi" dos millones de residentes actuales y, por tanto, potenciales usuarios del sistema público de salud en las Islas. A este gasto añadido se une, según el Gobierno de Canarias, el volumen al alza de servicios sanitarios que se debe prestar a los ciudadanos españoles y europeos que se desplazan por viajes turísticos.

"Canarias tiene que tener igual nivel de financiación que el resto del Estado porque se deben contemplar las especificidades regionales", explicó la vicepresidenta del Gobierno tras su entrevista con la ministra Salgado. "Porque en Canarias", incidió Julios, "crece la población pero no la recaudación sanitaria porque la financiación se calculó sobre la población de 1999 y ahora en Canarias somos casi dos millones de personas". En la posición regional se incide en que "ahora" el Estado "paga menos debido al aumento de la población real", así como al encarecimiento de servicios especializados como la realización de trasplantes o la atención a lesiones medulares.

Julios precisó que, además del sobrecoste por aumento de población y asistencia a turistas comunitarios, la comunidad autónoma afronta en estos momentos condicionantes derivados del hecho insular como la "multiplicación" de servicios en las islas no capitalinas por existencia de varios hospitales y centros de salud. "El coste de la insularidad incluye dietas y transporte de pacientes desde las islas periféricas, y no hay un punto de comparación con el sistema en la Península, donde las distancias son más cortas y existe la posibilidad de viaje en carretera".

En su reunión con la ministra, la vicepresidenta y consejera no se limitó a trasladar las demandas financieras suplementarias para las Islas, ya que también aportó una visión política para hacer frente a esta revisión del sistema de financiación sanitaria en el Archipiélago. En este sentido, Julios consideró que con el acervo de región ultraperiférica que ha reconocido la Constitución europea por "insularidad y lejanía" de las Islas, unido a las leyes que regulan el Sistema Nacional de Salud y el Régimen Económico y Fiscal (REF), "ya hay legislación" para desarrollar esta compensación financiera sanitaria que exige su Gobierno.

Solución política
Sin ignorar que la decisión final del Estado sobre la compensación financiera reclamada recaerá en el equipo que dirige del vicepresidente económico del Gobierno socialista, Pedro Solbes, que es el encargado de gestionar el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2005, Mar Julios afirmó que "en la actualidad existe amparo legal para que se desarrollen aspectos de estas leyes" porque, arguyó la vicepresidenta, "Canarias no puede esperar" a un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera cuando "ya se ha saldado la deuda histórica con Andalucía", que desde el Gobierno regional se entiende como precedente similar al de las Islas.

Explicada la controversia entre los gobiernos central y autonómico, Julios destacó la buena recepción que encontró ayer en la ministra de Sanidad, pero reconoció que los problemas de equilibrio financiero para 2005 dejan la decisión final en manos de Solbes. Sin adelantar acontecimientos, la vicepresidenta canaria incidió en la urgencia de esta medida económica para, al menos, disponer de una respuesta de la Administración socialista antes de que se vote en el Congreso el proyecto de ley de los los Presupuestos para 2005.

Esta discusión, admitió Julios, será "un elemento fundamental" para que Coalición defina y "posicione" su voto antes de finales de año. "Quien debe decidir es el Gobierno central", abundó la vicepresidenta, "porque por ahora toca convencer a la ministra de Sanidad sobre la igualdad de los servicios de la ley sanitaria en Canarias. Y reiteró: "Es prematuro hablar del voto porque no ha empezado la negociación, pero como ya han dicho el presidente [Adán Martín] y el consejero de Economía [José Carlos Mauricio] va a ser un elemento esencial para ese acuerdo, tanto como las infraestructuras".