El diputado regional y alcalde de Valle Gran Rey, Esteban Bethencourt, apoya "el fondo" de la proposición de ley presentada por el Cabildo de El Hierro para regularizar las viviendas ubicadas en suelo rústico, y advierte que el fenómeno de la indisciplina urbanística "no afecta por igual a todas las islas", ya que en el caso de El Hierro, La Palma y La Gomera no se puede hablar de una urbanización masiva del territorio, como en Tenerife o Gran Canaria.

	El alcalde gomero reitera que "hay viviendas construidas en suelo rústico no por culpa de los ayuntamientos, ya que el Gobierno canario está obligado a poner en marcha mecanismos urbanísticos adecuados para que los vecinos sepan cuáles son los usos permitidos en los espacios naturales"

V. P.
Santa Cruz

Bethencourt, quien reconoció que hay división de opiniones entre los diputados de CC con relación a esta iniciativa legislativa, imputó al Gobierno canario gran parte de la culpa de la existencia de viviendas ilegales en estas tres islas, debido a que no se han aprobado los planes rectores de uso y gestión de los espacios naturales protegidos y se ha producido, por tanto, "un vacío de planeamiento". El alcalde gomero reitera que "hay viviendas construidas en suelo rústico no por culpa de los ayuntamientos, ya que el Gobierno canario está obligado a poner en marcha mecanismos urbanísticos adecuados para que los vecinos sepan cuáles son los usos permitidos en los espacios naturales", que ocupan gran parte del territorio de las Islas.

Ante esa falta de planeamiento y la necesidad de construir viviendas por el crecimiento natural de los municipios, Bethencourt se pregunta: "¿Qué podemos hacer los ayuntamientos; dejar que emigren los vecinos?".

El también presidente de CC en La Gomera subraya que las medidas propuestas por el Cabildo herreño para su aplicación en toda Canarias "no pueden ser las mismas para todas las islas", pues El Hierro, La Gomera y La Palma "no han crecido en población lo que les corresponde y otras islas se han pasado y se han masificado".

La proposición de ley será debatida en la Comisión de Cabildos del Parlamento canario y luego tomada o no en consideración por el pleno del Parlamento canario, para, en ese caso, seguir su tramitación en la Cámara hasta su definitivo debate y votación.