Un vehículo cargado con explosivos, activado por presuntos guerrilleros de las FARC junto al edificio de la Fiscalía General de Colombia, en el centro de Medellín, causó ayer la muerte de al menos cinco personas y heridas a otras 32.

	El ataque fue cometido con un taxi-bomba que los terroristas introdujeron en el estacionamiento de un centro comercial aledaño al edificio de la Fiscalía en Medellín

EFE
Bogotá

Un niño, dos funcionarias de la entidad judicial, un conductor y un transeúnte murieron en este atentado que, según las autoridades, puede deberse a una represalia guerrillera por las exitosas operaciones del Gobierno contra los comandos urbanos del grupo rebelde.
El ataque fue cometido con un taxi-bomba que los terroristas introdujeron en el estacionamiento de un centro comercial aledaño al edificio de la Fiscalía en Medellín, que ocupa un antiguo hotel del centro de esa ciudad del noroeste colombiano. Unos cuarenta kilos de explosivos fueron usados en el atentado, según calcularon los expertos de la Policía Metropolitana y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía secreta). El comandante de la Policía local, general Leonardo Gallego, informó a los periodistas de que el vehículo usado por los terroristas no aparecía como robado en los registros de las autoridades. Después de un recorrido por el área, Gallego explicó que el auto fue estacionado en el aparcamiento público de El Cid, un centro comercial aledaño a la Fiscalía recientemente inaugurado.

Balance de víctimas. Los informes de los servicios asistenciales municipales indican que el atentado causó al menos cinco muertos y 32 heridos. Además de un niño, de 3 a 5 años de edad y cuyo nombre no se ha facilitado, perdieron la vida las funcionarias judiciales Miriam Botero y Diana López; Hernando de Jesús Ortiz, sorprendido cuando estacionaba su auto, y otro hombre, que no ha sido identificado, que caminaba por el lugar. Los heridos fueron ingresados en tres centros hospitalarios de la ciudad, cuya red de salud fue declarada en alerta para atender la emergencia.
"La mayoría de los heridos son empleados nuestros", dijo a los informadores el jefe regional de la Fiscalía General, Francisco Javier Galvis, antes de reunirse con el titular nacional del organismo, Luis Camilo Osorio, que viajó a Medellín. Galvis se mostró confiado en que una recompensa autorizada por el presidente colombiano, Alvaro Uribe, permitirá la pronta identificación y arresto de los autores del atentado.
Uribe ordenó a las autoridades de Medellín que ofrezcan 500 millones de pesos (172.092 dólares) por informes que faciliten la captura de los terroristas, que para Galvis pueden pertenecer a las FARC, la principal guerrilla colombiana. El funcionario judicial consideró que el atentado "es una respuesta" a una redada realizada a comienzos de semana en las barriadas del noreste de la ciudad que concluyó con la detención de 68 personas, 53 de ellas acusadas de pertenecer a las FARC.