En una nueva sentencia, emitida con fecha de 19 de julio de 2002, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias vuelve a ratificar la postura del Cabildo de Lanzarote y confirma la capacidad de la Corporación insular para suspender el otorgamiento de licencias urbanísticas.

	En el texto de la sentencia, la Sala avala la actuación del Cabildo, al recordar que la ley "permite aplicar la institución de la suspensión cautelar, a los estudios de formación o revisión del planeamiento insular de ordenación"

ACN
Arrecife

En este caso, el TSJC ha resuelto desestimar el recurso contencioso administrativo que interpuso la empresa Yudaya S. A. contra los acuerdos plenarios adoptados por el Cabildo insular que decretaban dicha suspensión de licencias. El Cabildo lanzaroteño tomó estos acuerdos el 12 de noviembre de 1998 y el 14 de enero de 1999, mientras se tramitaba la revisión del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT), con el fin de impedir que se concedieran licencias que distorsionaran el objetivo final de la moratoria.
En el texto de la sentencia, la Sala avala la actuación del Cabildo, al recordar que la ley "permite aplicar la institución de la suspensión cautelar, a los estudios de formación o revisión del planeamiento insular de ordenación. Es la única manera de evitar la iniciación o consolidación de situaciones contradictorias, con el planeamiento en estudio, que harían ilusoria la vigencia ulterior del mismo".
Además, la sentencia del TSJC expone: "No debe olvidarse que la revisión de este plan insular supuso alteraciones sustanciales del mismo, fruto de la asunción por parte del Cabildo de nuevos criterios (Estrategia de Lanzarote en la Biosfera) que permitieran contener y moderar los ritmos de construcción de las plazas turísticas, posibilitando un desarrollo sostenible en la isla a largo plazo".
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Enrique Pérez Parrilla, ha manifestado que se "congratula de la noticia" y que ésta viene a "demostrar que las acciones realizadas por el Cabildo, son legales y están avaladas por la ley".